Magangué

El parque en Camilo Torres que pagaron dos veces

Foto de archivo cuando se adelantaban las obras en el pequeño parque

Durante más de 20 años el entramado para cobrar varias veces las cuentas que se encontraban en Ley 550 en el municipio de Magangué funcionó de la siguiente manera.

 El Alcalde de turno entregaba contratos de obras civiles como cunetas y bordillos, rellenos, limpiezas de caños, parques y otros trabajos menores a concejales y financiadores de campañas como parte de ´pago´ por favores políticos y a la vez para aceitar la maquinaria electoral de las siguientes elecciones.

Para convertir esos contratos en dinero rápido y en efectivo que servían para alegrar la Navidad de los ungidos, se ponía en práctica una modalidad tan vieja como vergonzosa.

El Alcalde de turno, como único ordenador del gasto, repartía los contratos entre sus áulicos, que a su vez con el RP (Registro Presupuestal) debajo del brazo, los ofrecían a personas del comercio o contratistas de Magangué con solvencia económica que entregaban la plata constante y sonante antes de construir la obra a cambio de una ‘jugosa” coima.  

Por obvias razones, los contratos no salían a nombre de los concejales (corruptos, pero no bobos) que a su vez utilizaban, casi siempre el nombre de arquitectos o ingenieros ‘amigos’ para dichos propósitos.

En la mayoría de los casos, “los compradores” de contratos tenían fichas dentro de la administración y con la anuencia de los jefes de turno (secretarios, mandos medios), los contratos se pagaban, sin que las obras se hubiesen terminado. Todos felices y quemando pólvora en Navidad.

Una historia detrás del entramado

A finales del año 2000, en la administración de Hernando Padauí Álvarez (qepd), se firmó el contrato (SOP-OC-060/2000), para la construcción del parque central del barrio Camilo Torres.

Al Concejal que le asignaron la obra, por un valor de 45 millones de pesos, fue Gilberto Romero Atencia, conocido popularmente como ‘Barranquilla’.

Dicho contrato fue ofrecido en víspera de Navidad al empresario Jaime Pérez Hernández, quien había llegado hacía poco tiempo a la ciudad con la firme intención de abrir una empresa de televisión por cable, actualmente conocida como Cablemag.

A Pérez Hernández le prometieron que el contrato lo pagarían a más tardar, en la siguiente administración que le correspondió a Gonzalo Botero Maya. No fue así. Casi 22 años después, luego de pasar una maraña de tropiezos en medio de las mayores pandemias en la historia de la humanidad, se hizo efectivo el desembolso.

A comienzos del año 2001, se dio inicio a la construcción del mencionado parque en Camilo Torres (ver fotografías), pero a pesar que la obra se concluyó, como ocurría con pocas por aquella época, el alcalde Botero Maya, no sólo no desembolsó el anticipo, sino que tampoco ordenó el pago del total de la obra una vez concluida.

Llegó la polémica administraciones de Jorge Luis Alfonso López; y siguió la fallida de Anuar Arana Gechem; y para el ejecutor de la obra no había sido posible conseguir el pago de dicho contrato a pesar de gestionar y solicitar su desembolso con las evidencias palpables del deber cumplido.

Entra la Ley 550

Los malos manejos administrativos, acompañados de la rampante corrupción, llevaron a muchos municipios del país a un estado de insolvencia económica, en la que por cuenta de los embargos las decisiones gubernamentales se tomaban en los despachos judiciales. Por su puesto, Magangué hacía parte de esa apocalíptica lista.

En el año 1999, el Gobierno nacional había promulgado la Ley 550 que le permitía al Estado intervenir en los asuntos de los entes territoriales en dificultades de solvencia económicas mediante acuerdos de pago.

Durante la administración de Jorge Luis Alfonso López, su hombre de confianza, el mal recordado Alfredo Bula, incluyó la cuenta del contrato (SOP-OC-060/2000) en el listado de las acreencias del municipio, iniciando así el periplo que la Ley 550 estipulaba para el pago de dichas acreencias.

Vinieron las tristemente memorables administraciones de Arcesio Pérez Bello (el de la lujosa casa en San Mateo); la de Marcelo Torres Benavides (el del lujoso apartamento amoblado en el Centro) y el asunto del parquecito en el barrio Camilo Torres tomó un giro insospechado.

Según el acuerdo que establece la 550, los pagos se debían realizar respetando un orden asignado a los diferentes grupos de acreedores.

Cabe recordar que los contratos no aparecían a nombre de los concejales por lo que se utilizaba la practica de ceder el contrato a un tercero. El de la referencia el municipio de Magangué lo contrajo con el ingeniero Manuel Padrón Burgos. Éste lo cedió a Elizabeth Pérez Hernández (hermana de quien construyó el parque) y ésta a su vez, por motivos de residencia, lo cedió a Ruth Yaneth Jaimes Carreño (esposa de Jaime Pérez Hernández).

Llega el turno para el pago

Trascurridos cinco años desde la firma del acuerdo, por fin era el turno para el pago de esta acreencia por parte del municipio en el gobierno de Marcelo Torres Benavides, quien proclamaba en campaña que combatiría la corrupción y a los “Gatos”. Nada más falso en la historia de Magangué.

Pero ¡oh sorpresa! aparecieron las mafias corruptas enquistadas en las administraciones locales para llevar a cabo otra modalidad de robo recurrente en los municipios que se acogieron a la ley 550: La falsificación y alteración de documentos.

En este caso, se aprovecharon que quien figuraba como titular de la acreencia era una persona desconocida, a la que no asociaban a ningún clan político de la ciudad, por lo que los protagonistas del desfalco actuaron con rapidez y dolo.

Un descarado robo

Resulta que, en contubernio con funcionarios de la administración de Marcelo Torres, el señor Omar Isaac Sampayo Beleño, identificado con cédula 73.243.703 expedida en Magangué, quien nació el 03/02/1978, quien vivió en el barrio San José de esa ciudad y decía ser comerciante, aparece como la persona que recibió el pago, para lo cual se valió de una firma falsa de Elizabeth Pérez Hernández.

Pero eso no es todo. En el entramado se presume que también hubo la complicidad de un funcionario de la Notaria Única de Magangué que autenticó una falsa y supuesta ‘cesión’, con la cual Sampayo Beleño presentó ante la Alcaldía la cuenta de cobro cuyo desembolso se hizo efectivo, sin hacer ningún tipo de verificación.

Al enterarse la verdadera dueña de la acreencia de lo ocurrido, anunció denunciar penal y disciplinariamente contra el alcalde Marcelo Torres, por su omisión y responsabilidad en los hechos.

El mandatario salió en su propia defensa, manifestando que todo ocurrió a sus espaldas y anunció que él mismo denunciaría ante la Fiscalía de Magangué al impostor. Y así lo hizo, pero como en la mayoría de los casos de corrupción en nuestro país, duerme el sueño de la injusticia y el olvido.

Otras acciones

Fue entonces cuando la legitima dueña de la acreencia (Ruth Yaneth Jaimes Carreño, esposa de Jaime Pérez Hernández), acreditada con documentos legales y las pruebas de la obra que aún yace en suelo del barrio Camilo Torres de Magangué, inició las acciones civiles correspondientes, contra el municipio de Magangué, con el acompañamiento legal del abogado Huber Gómez Acuña, quien procedió a escalar el caso ante el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena.

El juzgado mediante fallo emitido el 31 de julio de 2017 encontró administrativa y patrimonialmente responsable al municipio de Magangué y lo condenó a pagar como se señala en la sentencia (anexa).

Con la sentencia en firme, la parte interesada procedió a solicitar, primero verbalmente, a la administración actual en cabeza Carlos Cabrales Isaac, el pago de la misma, pero dicha solicitud fue desoída por el mandatario.

Ante la negativa, la demandante presentó, no uno, ni dos, sino cuatro derechos de petición buscando el cumplimiento de la sentencia judicial, pero la Alcaldía no respondía de fondo, por el contrario, dilataba y dilataba el proceso.

La tutela, otro camino a seguir

Tutela amparando el derecho de la accionante para lograr el pago

La renuncia de Carlos Cabrales de acatar el fallo judicial, motivó a la acreedora a utilizar los mecanismos legales que la ley provee, como la tutela, la cual fue fallada a favor de la tutelante y en contra de la Alcaldía de Magangué.

A pesar de existir un fallo de tutela que obligaba al alcalde Carlos Cabrales a cumplir con el mandamiento de pago de la acreencia, éste con respuestas reticentes se negaba a consumar la orden del Juez, por lo que el apoderado de Ruth Yaneth Jaimes Carreño, ofició de nuevo al Juez, para que iniciara un incidente de desacato, que también fue fallado a favor de la tutelante.

Finalmente, y después de más de 21 años de espera y de todo tipo de marañas jurídicas, la Alcaldía de Magangué, fue obligada por los jueces de la Republica a pagar por segunda vez la misma acreencia, hecho que se concretó en el mes de diciembre de 2021.

Casos reiterativos

Hechos como el aquí contado, acompañados de los fallos judiciales, deberían servir para que de oficio los entes de control, como la Procuraduría y Contraloría, iniciaran las investigaciones y produjeran las sanciones de tipo administrativo que corresponda a los responsables, sin perjuicio de las acciones penales que la Fiscalía está en la obligación de adelantar.

Las pruebas están y los funcionarios implicados que intervinieron en el desfalco al municipio son de fácil identificación, es más, algunos continúan agazapados esperando dar un nuevo golpe en cualquier mes del año.  

En pasillos y corredores del Palacio Municipal se comenta que hay cuentas que las pagan una y otra y otra vez, por lo que estas prácticas sucias se han vuelto un “paisaje” natural en medio de la ignominia y la corrupción que se enquistó en el municipio.  

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