¿Víctimas o victimarios por las curules de paz?
En el ramillete de 398 aspirantes a las 16 curules de paz por las víctimas hay desde procesados por la justicia, aliados de cuestionables castas políticas, víctimas de último momento, fichas de parapolíticos y hasta el hijo de un exjefe paramilitar.
Uno de los mayores logros democráticos del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc fue darles representación política en el Congreso a las víctimas del conflicto armado.
Aunque esa idea sucumbió temporalmente por la fuerte oposición del partido del gobierno de Iván Duque, quedó en firme el año pasado cuando la Corte Constitucional, a través de la sentencia SU-150 de 2021, revivió las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz.
Ese punto concreto del Acuerdo de Paz divide el territorio colombiano en 16 zonas que agrupan a 170 municipios de 19 departamentos y les da la posibilidad a las víctimas de votar por sus representantes en dos elecciones hasta 2030.
El rastro de los políticos tradicionales en las curules de paz por Córdoba
La lógica para esa división territorial es que en esas zonas se encuentran las víctimas más visibles del conflicto armado colombiano: Chocó, Cauca, Nariño, Caquetá, Antioquia, Cesar, Arauca, La Guajira, Meta, Norte de Santander, Putumayo, Valle, Sucre, Bolívar, Guaviare, Huila, Magdalena, Córdoba y Tolima.
Superado el escollo legal de la implementación de las 16 curules de paz, pocos se imaginaron que esa elección se convertiría en un pulso contra las viejas maquinarias políticas que buscan reencauchar aspirantes que cargan sobre sus hombros un escandaloso pasado o que protagonizaron cuestionables conductas.
Por ejemplo, en el ramillete de 398 aspirantes Diario Criterio halló a procesados por la justicia por diversos delitos, aliados de cuestionables casas políticas como el clan Gnecco de Cesar y la condenada Enilce López, alias la Gata, de Bolívar.
O el caso del candidato que resultó ser hijo de un temido exjefe paramilitar que llenó de sangre y dolor a decenas de municipios de la costa Caribe, así como el aspirante a una de esas curules de paz que fue grabado cuando atacaba a un abogado adulto mayor.
Entre esas perlas también se descubrió a un aspirante en el Chocó que en menos de 26 días se convirtió oficialmente en víctima, justo antes del vencimiento de la fecha para la inscripción como candidato.
En ese tiempo récord fue objeto de una amenaza, reportado ante la Unidad de Atención y Reparación Integral de las Víctimas (UARIV) e incluido en el Registro Único de Víctimas (RUV)
¿Víctima exprés para las curules de paz?
El caso de James Hermenegildo Mosquera Torres, aspirante a una curul de paz por el Consejo Comunitario Mayor de Nóvita (Cocoman), intrigó a varias autoridades.
Lo llamativo de su condición como víctima es que la amenaza ocurrió hace apenas tres meses en el municipio de Istmina (Chocó) y provino de un grupo armado guerrillero, tal como aparece reportado en el Registro Único de Víctimas.
No obstante, para las autoridades, llama la atención el poco tiempo que transcurrió desde el hecho hasta su inclusión oficial como víctima.
La amenaza ocurrió el 27 de octubre de 2021, la declaración la rindió el 2 de noviembre y su inclusión en el Registro Único de Víctimas sucedió el 22 de noviembre. Es decir, le bastaron 26 días para concluir un trámite público que por lo general tarda hasta dos meses.
Curules de paz, bajo la mira de políticos tradicionales y grupos armados
Hay que recordar que esa calidad de víctima es uno de los requisitos para ser candidato a las curules de paz. Y la fecha de cierre para la inscripción de candidaturas fue el 13 de diciembre de 2021.
Diario Criterio tuvo acceso a varios documentos oficiales que manifiestan esa preocupación. Por ejemplo, la procuradora delegada para el Seguimiento al Acuerdo de Paz, Diana María Cadena Lozano, se expresó en ese sentido al recibir la denuncia que busca revocar la inscripción de Mosquera Torres como candidato.
Sumado a ello, este portal recogió varias versiones en el sentido de que ese candidato, si bien es de Chocó, vive en Bogotá. De hecho, su cédula se encuentra inscrita para votar en la sede de la Universidad Jorge Tadeo de la capital de la República.
Pero hay otro lunar más llamativo alrededor del candidato Mosquera Torres. Según registros públicos de la rama judicial, él estuvo procesado por el presunto delito de peculado por apropiación agravada.
Ese caso penal surgió porque al parecer Mosquera Torres, como contratista de la EPS Selvasalud, se habría apropiado de 1.078 millones de pesos de los dineros para la salud, recaudados en los municipios de Quibdó e Istmina (Chocó). Todo parece indicar que la condena le fue revocada.
¿Cuota del clan Gnecco?
William Alfonso Romero Ovalle es un abogado que aspira a una de las curules de paz por Cesar y está avalado por la asociación Alianza por la Vida.
Sin embargo, su mayor pecado consiste en hacer parte de esas viejas maquinarias políticas tradicionales de la costa Caribe.
Romero Ovalle siempre ha sido ligado al clan político de la familia Gnecco que en Cesar lidera la matrona Cielo María Gnecco Cerchar. De hecho, lo consideran su mano derecha y el propio Romero la llama su mamá.
Una prueba de esos nexos políticos y escandalosos quedó consignada durante las elecciones territoriales de 2019.
En esa contienda electoral, Romero Ovalle fue el gerente de campaña del aspirante a la Gobernación de Cesar, Luis Alberto Monsalvo Gnecco, hijo de Cielo Gnecco Cerchar. Monsalvo Gnecco ganó esa elección y arrancó su segundo mandato en el cargo más importante del departamento (ya había sido gobernador entre 2012-2015).
Pero, en agosto del año pasado, Monsalvo Gnecco fue capturado por la Fiscalía para que responda por los presuntos delitos de peculado por apropiación, en un escándalo de corrupción que involucra 3.172 millones de pesos de los dineros destinados para la alimentación escolar de los niños durante su primera gobernación.
Pese a la cuestionada trayectoria pública de la maquinaria política a la que pertenece, Romero Ovalle quiere representar a las víctimas del conflicto armado en el Congreso.
¿El gatito de la Gata?
Dairo José Bustillo Gómez es uno de los aspirantes a las curules de paz más controvertidos, porque podría tratarse del candidato respaldado por una de las promotoras y financiadoras de grupos paramilitares en la costa Caribe: Enilce López, alias la Gata.
Aunque Bustillo Gómez recibió el aval de Asoproñame, en el departamento de Bolívar no dudan de que detrás de su estructura podría estar la maquinaria política de la polémica empresaria del chance, Enilce López.
En esa región del país aún no olvidan que Bustillo, junto con Héctor Julio Alfonso López, hijo de la Gata, aspiró a la Cámara de Representantes en 2006 por Apertura Liberal, pese a que inicialmente tenían el aval del Partido Conservador, pero fueron expulsados por el entonces jefe de esa colectividad, Carlos Holguín Sardi.
No obstante, el hijo de la empresaria del chance llegó al Congreso, pero en 2007 renunció por cuenta de los escándalos de la parapolítica que enlodaron a su mamá. Su reemplazo en la Cámara fue Dairo José Bustillo Gómez.
De víctima a victimario
Pedro Norberto Castro Araújo pasará a la historia política del país como el único candidato a una curul de paz que promueve la violencia.
Ese hecho quedó registrado en un video que se hizo viral y en el que se observa la forma como ataca a golpes a Carlos Oliveros, un abogado de avanzada edad, con quien sostiene un pleito civil que perdió en los estrados judiciales.
Aunque la agresión sucedió en octubre de 2021, las imágenes solo se conocieron a finales de enero de este año. Otro hecho llamativo de ese escándalo es que ocurrió dentro de las instalaciones de la Alcaldía de Valledupar (Cesar). Pese a ello, no hubo reacción de las autoridades.
La condición de víctima de Norberto Castro Araújo la adquirió cuando fue secuestrado durante nueve meses por el ELN en 1991. Intentó lanzarse a la Cámara de Representantes en 2002, pero el temido jefe paramilitar Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, se lo impidió.
Castro Araújo ha sido candidato a casi todos los cargos de elección popular, pero se quemó y en varias ocasiones buscó aliarse con el Centro Democrático. Su padre, Pepe Castro, fue senador y gobernador de Cesar. Actualmente, su sobrino, Mello Castro, es alcalde de Valledupar, en cuya sede ocurrió la agresión contra el abogado.
El país también recuerda a Castro Araújo porque su esposa, Claudia Elena Lozano, estuvo envuelta en un escándalo porque aspiró a ser elegida juez o fiscal, tras presentar una tarjeta profesional falsa, tal como lo denunció el periodista Daniel Coronell.
Por ese hecho, la Fiscalía le imputó los delitos de fraude procesal y falsedad en documento privado. Ella aceptó los cargos, pero alegó que fue estafada por el abogado a quien le encargó tramitar la expedición de la tarjeta profesional.
El hijo del jefe paramilitar
Jorge Rodrigo Tovar Vélez, más conocido como Yoyo, es hijo de Jorge Tovar Pupo, alias Jorge 40, el temido jefe paramilitar que llenó de sangre y dolor varios departamentos de la costa Caribe.
Lo irónico es que el hijo de uno de los jefes paramilitares más sanguinarios buscará llegar al Congreso en representación de las víctimas que dejó su papá. Y pretende hacerlo, justamente, a través de una de las curules de paz.
Adicional a esa contradicción política, lo que llama la atención es que la candidatura de Yoyo se habría impulsado usando como pista a la Unidad de Víctimas, de la que fue coordinador desde el Ministerio del Interior, donde trabajó como asesor.
Y tal como lo reveló Diario Criterio, la Unidad de Víctimas firmó un millonario contrato de arrendamiento de su sede en Cesar, a través de una sociedad cuyas accionistas son la mamá y la abuela de Jorge Rodrigo.
Por un lado, Yoyo habría usado a la Unidad de Víctimas para visibilizarse como candidato mientras su mamá recibía un millonario contrato por 260 millones de pesos como arrendadora de esa misma entidad.
En síntesis, la esposa y el hijo de Jorge 40 se beneficiaron de las víctimas. Y ahora quieren representarlas en el Congreso a través de una de las curules de paz.
Jorge Rodrigo fue avalado por la Asociación Paz es Vida, con sede en Valledupar (Cesar). Si bien esa asociación es reconocida como aliada de las víctimas en esa región del país, llama la atención que el año pasado, antes de avalar a Yoyo, hubo cambios en la junta directiva.
Como vicepresidente fue elegido Wílmer Padilla Cantillo, quien figura en el Sigep como contratista de la Alcaldía de Valledupar, la misma que lidera el sobrino de Norberto Castro Araújo, el otro polémico candidato a una curul de paz en Cesar.
Por todo lo anterior hay quienes concluyen que, en las candidaturas a las codiciadas curules de paz, se desató otra guerra contra las víctimas del conflicto armado en Colombia.
